La crisis revitaliza las adormecidas AMPAS
Las asociaciones de padres reclaman una enseñanza mejor para sus hijos.
La partida presupuestaria para estas entidades cae un 90%
Encierro en el IES Juan de la Cierva de Madrid contra los recortes en la educación. / Luis Sevillano
La asociación de padres del instituto Serra de Mariola de Muro de Alcoi (Alicante) ha costeado este gélido invierno parte del gasto en calefacción del centro; en una escuela de Valencia los padres se prestaron a pagar la pintura de las aulas —que estaban en “pésimas condiciones higiénicas”— y en otra costearon la alarma y patrullaron ante tanto robo; de los combativos centros educativos de la obrera Vallecas (Madrid) salieron las denunciadas camisetas de la marea verde… Y así un largo etcétera. Cuando la crisis aprieta y los recortes atenazan, los padres más que nunca se ven obligados a velar por la calidad de la enseñanza de sus pequeños. Pero ¿están dispuestos a hacerlo?
Eso en teoría, porque en la práctica el compromiso de los progenitores —que se jactan de estar pendientes de los deberes de sus hijos— con la escuela desciende según crece el niño. Según el estudio La participación de las familias en la escuela pública (2008), de Jordi Garreta para la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), algo más de la mitad de las familias (el 57,5%) pertenece a la asociación. Pero a partir de ahí todo son cifras decrecientes: van a las actividades un 32%, a las reuniones un 18,3% y a la engorrosa organización un pírrico 4%. Tradicionalmente, en primaria la implicación en las AMPAS es mayor, pues las actividades extraescolares resultan a menudo una niñera práctica, barata y con la que además aprenden algo. Pero en secundaria a los padres les suele preocupar casi solo la evolución académica del niño.
“En las AMPAS [Asociación de Madres y Padres de Alumnos], como en todo movimiento que representa a mucha gente, son pocos los que se meten a hacer cosas. Es el efecto gorrón: ‘si sé que alguien va a hacer el trabajo, para qué me voy a implicar yo’. Pero si algo falla, la cosa cambia. Y ahora las familias, si ven que peligran las AMPAS, y por tanto servicios como el comedor o las actividades extraescolares, reaccionan”, sostiene Jordi Garreta, de la Universidad de Lleida. Porque son estos servicios por los que los padres valoran a estas asociaciones, dejando muy atrás su orientación pedagógica. “Piensan: para qué me voy a quedar reunido hasta las once de la noche y que la gente me diga que de esto saco algo”. Aunque también hay AMPAS cerradas, “de un grupo de amigos”, en las que es difícil proponer algo nuevo, advierte Garreta.
“Todo movimiento reivindicativo se había ido acomodando en los últimos años, pero ahora con la situación económica y los ajustes hay una respuesta social evidente. Los recortes no pueden pagarlos siempre los mismos”, dice airado Jesús María Sánchez, presidente de la progresista Ceapa, que reúne a 12.000 AMPAS. La educación española ha visto recortado su presupuesto (el de las Comunidades y el Gobierno) en los últimos dos años en más de 3.400 millones de euros. “Lo que está proponiendo Educación merece que se le conteste. No podemos dejarnos llevar por la corriente y el sitio para dar respuesta son las AMPAS y las federaciones”, añade.
Luis Carbonel, presidente de la conservadora Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), quiere ser también optimista. “La participación es baja, pero está creciendo y las familias están más informadas”. En su opinión, los padres tienen que exigir al colegio, desde el respeto, explicaciones académicas a final de curso —“cuántos suspensos ha habido, por qué, cuál es el plan del siguiente año...”—, y también económicas. “Nosotros pagamos los impuestos, somos dueños de ese dinero, y tenemos que saber si se malgastan los recursos. A veces hay un oscurantismo que no es bueno”, plantea.
La sintonía entre la dirección, los profesores y los padres es fundamental para el buen funcionamiento del centro y tiende a ir a mejor. “Desde hace 10 o 15 años en las facultades de Magisterio se estudia la relación entre la escuela y las familias”, subraya Garreta. La presencia conjunta en las manifestaciones de Madrid, la reciente marea verde contra los recortes, dan idea de la afinidad. “Ya no nos ven como intrusos”, se felicitan en la Ceapa.
“Somos ocho padres los que vamos a las reuniones, gestionamos el comedor, las actividades escolares, las fiestas… Solo tenemos ayuda de las madres de párvulos en [el festejo de] la Castañada”, se queja María del Mar Arroba. Ella es la secretaria del AMPA de un colegio de Torredembarra (Tarragona). La crisis de la construcción y el turismo ha pasado factura a este pueblo de playa —“hay gente que funcionaba muy bien que ahora no tiene nada”— y eso se ha trasladado a la escuela. “Los padres se han preocupado mucho del intercambio de libros, hay muchas menos actividades que antes porque las familias no pueden pagar la cuota. Eso sí, seguimos haciéndolo entre ocho”, se desespera esta madre, trabajadora en una inmobiliaria, que anima a los padres a que no solo comenten en los corrillos a la salida de clase. Únicamente los padres de unos 15 de los 500 niños del colegio no son socios. Otro cantar es la implicación. El Ayuntamiento les ayuda en el pago de cosas puntuales, como unas cortinas para la sala de siesta de los más pequeños.
Todo se complica ahora, pues muchas de las antiguas ayudas públicas a las que estas asociaciones pueden optar se han evaporado en los últimos meses. “Entre un 20% y un 60%”, calcula Sánchez, “un porcentaje muy superior a los recortes que están aplicando las autonomías a otras partidas presupuestarias”. En Cataluña este año no han podido acceder a ningún tipo de subvención porque han dejado de convocarse. El curso pasado en Barcelona, por ejemplo, gracias a los 367.000 euros sufragados por el Ayuntamiento y la Generalitat, 141 AMPAS tenían actividades extraescolares, servicio de acogida matinal y escuelas abiertas en julio, de las que se beneficiaban unos 6.000 niños. “Los partidos tienen que entender que con la crisis no se puede castigar la supervivencia de las AMPAS. Es un error grave porque son un vehículo fundamental para formarse y educar así mejor a los hijos”, subraya Carbonel, de Concapa.
En marzo de 2011 su federación y Ceapa, representantes en total de 11 millones de alumnos, pidieron al Gobierno en un encuentro conjunto “fomentar los cauces de participación de los padres y madres del alumnado otorgando soporte normativo y económico” a su movimiento.
Una demanda que, un año después, ha caído en saco roto: los presupuestos del Ministerio de Educación han fulminado prácticamente, con una reducción de un 90%, los fondos para las federaciones de AMPAS: serán 43.000 euros en 2012, según el proyecto de Presupuestos Generales enviado al Parlamento. “Este recorte puede suponer la desaparición de la Ceapa, que tiene 30 años de historia”, ha dicho Sánchez. Por su parte, Luis Carbonel, de Concapa, explica por teléfono que ellos aún no han repasado esa cifra del presupuesto, pero está de acuerdo en que un recorte semejante supondría su práctica desaparición. Con ese dinero, las confederaciones de asociaciones de padres mantienen sus estructuras. Las federaciones regionales tienen presupuesto de las Comunidades (que también se ha recortado en muchas de ellas).
Finalmente, en las de cada centro, los padres suelen pagar directamente una cuota. En los públicos, esta es casi simbólica —de 15 a 20 euros al año—, pero en los concertados puede rondar entre 40 y 60 euros por trimestre. Se dan casos en los que este dinero se destina a otros fines —financiación encubierta del concertado—, y su pago, aunque voluntario, a menudo resulta forzoso en la práctica.
En la AMPA del IES Sierra de Guadarrama no han parado desde que empezó la marea verde contra los recortes en Madrid. Recorrieron a pie los 45 kilómetros que separan Soto del Real de la capital con una antorcha y un manifiesto para la Consejería, y recaudaron fondos para los profesores en huelga. El claustro de docentes ha decidido, sin embargo, destinar estos 1.600 euros a comprar material. “Normalmente, a las asambleas iban cuatro o cinco padres, pero este año van 200”, rememora orgulloso Salvador Menéndez, cartero y su presidente. Unas 180 familias de las 850 del centro son socias.
El instituto recibe alumnos de cuatro pueblos, pero solo el Ayuntamiento de Soto del Real les ayuda con 1.800 euros, 300 menos que el curso anterior. Menéndez, aunque combativo, agradece a la Dirección Territorial que al final han perdido seis profesores, la mitad de los anunciados en un principio.
La actividad de las AMPAS —antes APAS, sin la M de madres— se remonta al franquismo. La Ley de Asociaciones de 1964 y, especialmente, la Ley General de Educación de 1970, les dieron forma incidiendo en la necesidad de que se constituyesen. Las familias querían fomentar entonces una enseñanza de calidad, laica y gratuita que era escasa. Ya en la Transición, un momento de fortísima presión democrática, las asociaciones ganaron representatividad institucional y actividad con la gestión del comedor y las actividades extraescolares. Aunque en opinión de Garreta “se frena la vía reivindicativa con una notable pérdida de vitalidad, ilusión y participación directa”, pese a que se aprueba en 1985 la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, que sienta los cimientos de la forma de participación de las familias. A mediados de los noventa la fuerte llegada de inmigrantes trastoca las previsiones, pues la enseñanza concertada se resiste a recibir a estos niños en sus aulas, y cae toda la presión sobre la pública.
Las madres han sido tradicionalmente las encargadas de relacionarse con el colegio, así que su incorporación al mercado laboral ha resentido esta labor. Conciliar es casi imposible, aunque tiene también sus efectos positivos. “Lo que ha hecho mucho daño es que en muchos sitios se ha aplicado el horario continuo y las clases terminan a las dos y media o las tres. Antes aprovechábamos que eran hasta las cinco para hacer cosas”, explica Sánchez, de Ceapa.
La implicación de los padres en el día a día del colegio es fundamental, no solo para la buena marcha de los servicios del centro. Tanto que las posibilidades de éxito escolar del niño crecen: suelen aprender más, se portan mejor en clase, faltan menos y le dedican más tiempo a sus deberes. Lo argumentan Miguel Ángel Santos Rego y María del Mar Lorenzo Moledo, profesores de Teoría de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Y enumeran aún más beneficios en el caso de los inmigrantes en su estudio La participación de las familias inmigrantes en la escuela. La presencia de estos en las actividades reduce los prejuicios y les ayuda a integrarse en la sociedad.
Estos investigadores realizaron en 2008 una encuesta entre los padres de niños de la ESO en Galicia y los resultados no fueron muy halagüeños. El 71,2% de los padres y el 33,3% de las madres gallegos no asistían a las reuniones que convocaba la escuela, frente al 86,9% de los padres y el 53,3% de las madres inmigrantes. Y aún más demoledores resultaron los datos de implicación en la AMPA: tan solo un 15% de ellos y el 24 % de ellas. En el caso de los extranjeros bajó al 8% y 15% respectivamente. Los latinoamericanos y magrebíes, según este documento gallego, suelen comprometerse menos que los padres de Europa del Este.
En una escala de 1 a 5 en el estudio de Garreta, las familias de origen comunitario (2,25) serían las más participativas, seguidas, a poca distancia, por las latinoamericanas (2,17), europeas del Este (1,82), subsaharianas (1,79), magrebíes (1,69) y, en último lugar, gitanas (1,40). “Efectivamente, los padres de inmigrantes participan poco. No solo porque no conozcan en idioma, sino porque tienen horarios inestables. Pero también, y es lógico, porque se sienten acosados. Hay quien dice: ‘por qué se queda la ayuda al comedor un extranjero y no yo…”, lamenta el presidente de Ceapa. Quizá en esta revitalización al fin extranjeros y españoles unan fuerzas por sus hijos.
Eso en teoría, porque en la práctica el compromiso de los progenitores —que se jactan de estar pendientes de los deberes de sus hijos— con la escuela desciende según crece el niño. Según el estudio La participación de las familias en la escuela pública (2008), de Jordi Garreta para la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), algo más de la mitad de las familias (el 57,5%) pertenece a la asociación. Pero a partir de ahí todo son cifras decrecientes: van a las actividades un 32%, a las reuniones un 18,3% y a la engorrosa organización un pírrico 4%. Tradicionalmente, en primaria la implicación en las AMPAS es mayor, pues las actividades extraescolares resultan a menudo una niñera práctica, barata y con la que además aprenden algo. Pero en secundaria a los padres les suele preocupar casi solo la evolución académica del niño.
“En las AMPAS [Asociación de Madres y Padres de Alumnos], como en todo movimiento que representa a mucha gente, son pocos los que se meten a hacer cosas. Es el efecto gorrón: ‘si sé que alguien va a hacer el trabajo, para qué me voy a implicar yo’. Pero si algo falla, la cosa cambia. Y ahora las familias, si ven que peligran las AMPAS, y por tanto servicios como el comedor o las actividades extraescolares, reaccionan”, sostiene Jordi Garreta, de la Universidad de Lleida. Porque son estos servicios por los que los padres valoran a estas asociaciones, dejando muy atrás su orientación pedagógica. “Piensan: para qué me voy a quedar reunido hasta las once de la noche y que la gente me diga que de esto saco algo”. Aunque también hay AMPAS cerradas, “de un grupo de amigos”, en las que es difícil proponer algo nuevo, advierte Garreta.
“Todo movimiento reivindicativo se había ido acomodando en los últimos años, pero ahora con la situación económica y los ajustes hay una respuesta social evidente. Los recortes no pueden pagarlos siempre los mismos”, dice airado Jesús María Sánchez, presidente de la progresista Ceapa, que reúne a 12.000 AMPAS. La educación española ha visto recortado su presupuesto (el de las Comunidades y el Gobierno) en los últimos dos años en más de 3.400 millones de euros. “Lo que está proponiendo Educación merece que se le conteste. No podemos dejarnos llevar por la corriente y el sitio para dar respuesta son las AMPAS y las federaciones”, añade.
Luis Carbonel, presidente de la conservadora Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), quiere ser también optimista. “La participación es baja, pero está creciendo y las familias están más informadas”. En su opinión, los padres tienen que exigir al colegio, desde el respeto, explicaciones académicas a final de curso —“cuántos suspensos ha habido, por qué, cuál es el plan del siguiente año...”—, y también económicas. “Nosotros pagamos los impuestos, somos dueños de ese dinero, y tenemos que saber si se malgastan los recursos. A veces hay un oscurantismo que no es bueno”, plantea.
La sintonía entre la dirección, los profesores y los padres es fundamental para el buen funcionamiento del centro y tiende a ir a mejor. “Desde hace 10 o 15 años en las facultades de Magisterio se estudia la relación entre la escuela y las familias”, subraya Garreta. La presencia conjunta en las manifestaciones de Madrid, la reciente marea verde contra los recortes, dan idea de la afinidad. “Ya no nos ven como intrusos”, se felicitan en la Ceapa.
“Somos ocho padres los que vamos a las reuniones, gestionamos el comedor, las actividades escolares, las fiestas… Solo tenemos ayuda de las madres de párvulos en [el festejo de] la Castañada”, se queja María del Mar Arroba. Ella es la secretaria del AMPA de un colegio de Torredembarra (Tarragona). La crisis de la construcción y el turismo ha pasado factura a este pueblo de playa —“hay gente que funcionaba muy bien que ahora no tiene nada”— y eso se ha trasladado a la escuela. “Los padres se han preocupado mucho del intercambio de libros, hay muchas menos actividades que antes porque las familias no pueden pagar la cuota. Eso sí, seguimos haciéndolo entre ocho”, se desespera esta madre, trabajadora en una inmobiliaria, que anima a los padres a que no solo comenten en los corrillos a la salida de clase. Únicamente los padres de unos 15 de los 500 niños del colegio no son socios. Otro cantar es la implicación. El Ayuntamiento les ayuda en el pago de cosas puntuales, como unas cortinas para la sala de siesta de los más pequeños.
Todo se complica ahora, pues muchas de las antiguas ayudas públicas a las que estas asociaciones pueden optar se han evaporado en los últimos meses. “Entre un 20% y un 60%”, calcula Sánchez, “un porcentaje muy superior a los recortes que están aplicando las autonomías a otras partidas presupuestarias”. En Cataluña este año no han podido acceder a ningún tipo de subvención porque han dejado de convocarse. El curso pasado en Barcelona, por ejemplo, gracias a los 367.000 euros sufragados por el Ayuntamiento y la Generalitat, 141 AMPAS tenían actividades extraescolares, servicio de acogida matinal y escuelas abiertas en julio, de las que se beneficiaban unos 6.000 niños. “Los partidos tienen que entender que con la crisis no se puede castigar la supervivencia de las AMPAS. Es un error grave porque son un vehículo fundamental para formarse y educar así mejor a los hijos”, subraya Carbonel, de Concapa.
En marzo de 2011 su federación y Ceapa, representantes en total de 11 millones de alumnos, pidieron al Gobierno en un encuentro conjunto “fomentar los cauces de participación de los padres y madres del alumnado otorgando soporte normativo y económico” a su movimiento.
Una demanda que, un año después, ha caído en saco roto: los presupuestos del Ministerio de Educación han fulminado prácticamente, con una reducción de un 90%, los fondos para las federaciones de AMPAS: serán 43.000 euros en 2012, según el proyecto de Presupuestos Generales enviado al Parlamento. “Este recorte puede suponer la desaparición de la Ceapa, que tiene 30 años de historia”, ha dicho Sánchez. Por su parte, Luis Carbonel, de Concapa, explica por teléfono que ellos aún no han repasado esa cifra del presupuesto, pero está de acuerdo en que un recorte semejante supondría su práctica desaparición. Con ese dinero, las confederaciones de asociaciones de padres mantienen sus estructuras. Las federaciones regionales tienen presupuesto de las Comunidades (que también se ha recortado en muchas de ellas).
Finalmente, en las de cada centro, los padres suelen pagar directamente una cuota. En los públicos, esta es casi simbólica —de 15 a 20 euros al año—, pero en los concertados puede rondar entre 40 y 60 euros por trimestre. Se dan casos en los que este dinero se destina a otros fines —financiación encubierta del concertado—, y su pago, aunque voluntario, a menudo resulta forzoso en la práctica.
En la AMPA del IES Sierra de Guadarrama no han parado desde que empezó la marea verde contra los recortes en Madrid. Recorrieron a pie los 45 kilómetros que separan Soto del Real de la capital con una antorcha y un manifiesto para la Consejería, y recaudaron fondos para los profesores en huelga. El claustro de docentes ha decidido, sin embargo, destinar estos 1.600 euros a comprar material. “Normalmente, a las asambleas iban cuatro o cinco padres, pero este año van 200”, rememora orgulloso Salvador Menéndez, cartero y su presidente. Unas 180 familias de las 850 del centro son socias.
El instituto recibe alumnos de cuatro pueblos, pero solo el Ayuntamiento de Soto del Real les ayuda con 1.800 euros, 300 menos que el curso anterior. Menéndez, aunque combativo, agradece a la Dirección Territorial que al final han perdido seis profesores, la mitad de los anunciados en un principio.
La actividad de las AMPAS —antes APAS, sin la M de madres— se remonta al franquismo. La Ley de Asociaciones de 1964 y, especialmente, la Ley General de Educación de 1970, les dieron forma incidiendo en la necesidad de que se constituyesen. Las familias querían fomentar entonces una enseñanza de calidad, laica y gratuita que era escasa. Ya en la Transición, un momento de fortísima presión democrática, las asociaciones ganaron representatividad institucional y actividad con la gestión del comedor y las actividades extraescolares. Aunque en opinión de Garreta “se frena la vía reivindicativa con una notable pérdida de vitalidad, ilusión y participación directa”, pese a que se aprueba en 1985 la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, que sienta los cimientos de la forma de participación de las familias. A mediados de los noventa la fuerte llegada de inmigrantes trastoca las previsiones, pues la enseñanza concertada se resiste a recibir a estos niños en sus aulas, y cae toda la presión sobre la pública.
Las madres han sido tradicionalmente las encargadas de relacionarse con el colegio, así que su incorporación al mercado laboral ha resentido esta labor. Conciliar es casi imposible, aunque tiene también sus efectos positivos. “Lo que ha hecho mucho daño es que en muchos sitios se ha aplicado el horario continuo y las clases terminan a las dos y media o las tres. Antes aprovechábamos que eran hasta las cinco para hacer cosas”, explica Sánchez, de Ceapa.
La implicación de los padres en el día a día del colegio es fundamental, no solo para la buena marcha de los servicios del centro. Tanto que las posibilidades de éxito escolar del niño crecen: suelen aprender más, se portan mejor en clase, faltan menos y le dedican más tiempo a sus deberes. Lo argumentan Miguel Ángel Santos Rego y María del Mar Lorenzo Moledo, profesores de Teoría de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Y enumeran aún más beneficios en el caso de los inmigrantes en su estudio La participación de las familias inmigrantes en la escuela. La presencia de estos en las actividades reduce los prejuicios y les ayuda a integrarse en la sociedad.
Estos investigadores realizaron en 2008 una encuesta entre los padres de niños de la ESO en Galicia y los resultados no fueron muy halagüeños. El 71,2% de los padres y el 33,3% de las madres gallegos no asistían a las reuniones que convocaba la escuela, frente al 86,9% de los padres y el 53,3% de las madres inmigrantes. Y aún más demoledores resultaron los datos de implicación en la AMPA: tan solo un 15% de ellos y el 24 % de ellas. En el caso de los extranjeros bajó al 8% y 15% respectivamente. Los latinoamericanos y magrebíes, según este documento gallego, suelen comprometerse menos que los padres de Europa del Este.
En una escala de 1 a 5 en el estudio de Garreta, las familias de origen comunitario (2,25) serían las más participativas, seguidas, a poca distancia, por las latinoamericanas (2,17), europeas del Este (1,82), subsaharianas (1,79), magrebíes (1,69) y, en último lugar, gitanas (1,40). “Efectivamente, los padres de inmigrantes participan poco. No solo porque no conozcan en idioma, sino porque tienen horarios inestables. Pero también, y es lógico, porque se sienten acosados. Hay quien dice: ‘por qué se queda la ayuda al comedor un extranjero y no yo…”, lamenta el presidente de Ceapa. Quizá en esta revitalización al fin extranjeros y españoles unan fuerzas por sus hijos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario